CADENA SER 23/9/2014
Los ponentes del borrador lamentan que la nueva norma anteponga la repatriación de menores extranjeros tutelados a concederles la residencia
El borrador, que irá a pleno el próximo martes 30 de septiembre, avala en líneas generales la nueva Ley de Protección de la Infancia del Gobierno aunque pide entre otras cosas que los menores en situación de desamparo o inmersos en procesos de acogida tengan derecho automático a la justicia gratuita.
El borrador que maneja el Poder Judicial da el visto bueno, en líneas generales, al proyecto del Gobierno para una nueva Ley de Protección de la Infancia. El texto que han elaborado dos vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre esta normativa, el que tendrá sobre la mesa el próximo pleno del día 30 para emitir un informe definitivo, entiende que este anteproyecto «merece una valoración global positiva, por cuanto que resulta justificada, conveniente e idónea para mejorar la situación de los menores y la promoción de sus derechos», si bien propone algunas mejoras relativas a los menores extranjeros tutelados y a la adopción abierta.
Este anteproyecto de Ley del departamento que dirige Ana Mato, cuyo contenido adelantó la Cadena SER el pasado mes de abril, y que en total supone la reforma de 13 normativas distintas proponiendo medidas que en líneas generales cuentan con el visto bueno de este borrador que maneja el órgano de gobierno de los jueces: que un condenado por delitos relacionados con la pederastia no pueda trabajar con niños, evitar que un pederasta pueda vivir frente a su víctima, o que funcionarios y autoridades tengan la obligación de denunciar aquellos crímenes relacionados con menores de edad.
Permiso de residencia para los menores extranjeros
En el capítulo de las críticas, el informe lamenta que la futura Ley anteponga la posible repatriación de un menor extranjero tutelado por entidades públicas a darle los papeles para que quede documentado. «Entendemos que en la Ley ha de primarse la protección del menor, no existiendo impedimento para que no se tramite su permiso de residencia de manera inmediata, sin necesidad de acreditar otra circunstancia que su tutela por una Entidad Pública, pues la autorización de la residencia del menor no constituye obstáculo para su reagrupación con su familia de origen». Proponen que si el ejecutivo decide mantener esta medida, que al menos introduzca un tope: que a los nueve meses de estar al cuidado de un servicio de protección de menores se le otorgue la autorización de residencia, tal y como marca la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España.
Justicia gratuita para los menores en acogida
El documento que estudiará el Poder Judicial en el pleno del próximo día 30 sí apunta a una carencia de la reforma del Gobierno: los menores de edad inmersos en procesos de acogida, o protegidos con medidas judiciales por el desamparo que padecen, deberían tener derecho a ser informado y notificado de todos los avances de estos procesos judiciales, así como debería tener derecho a una asistencia jurídica gratuita en caso de querer intervenir en ellos. «Debería introducirse el beneficio de justicia gratuita, en favor del menor que, con independencia de su progenitor o tutor, desee hacer valer sus opiniones en los procesos en los que se ventilen cuestiones que les afecten».
«Ninguna razón» para la adopción abierta
El borrador al que ha tenido acceso la SER también ve con buenos ojos la figura de la adopción abierta, que permite que un menor adoptado y su familia adoptiva mantengan contacto e intercambien información con sus padres biológicos, pero pide al ejecutivo que introduzca algunas mejoras en la norma: «No se da ninguna razón de su inclusión ahora, más allá de su existencia en otros países». Por esto, el borrador solicita al Gobierno que regule esta opción de forma más detallada y que sólo se produzca «si fuere conveniente al superior interés del menor».
En relación con la identidad de las familias biológicas de los menores adoptados, el borrador que maneja el Poder Judicial ve bien que se potencie el derecho de un joven a conocer la identidad de su familia, pero también pide que se tenga en cuenta el derecho de las mujeres que dan sus hijos en adopción a permanecer en el anonimato.
Se trata del borrador que los vocales Álvaro Cuesta y Juan Manuel Fernández han redactado conjuntamente, y el que estudiará el pleno del próximo día 30 de septiembre para que el Poder Judicial emita su informe definitivo y lo envíe al ejecutivo central para que tenga en cuenta las recomendaciones que realiza. Además, el resto de vocales del órgano de gobierno de los jueces tienen hasta este miércoles para presentar las enmiendas que consideren necesarias.