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LaopinióndeMálaga.es   21/9/2014

El ministerio público alerta de que hay menores de 14 años que se han abierto, pese a estar prohibido, perfiles en algunas redes sociales y detecta que los padres creen que no hay peligro

La violencia escolar, es decir, lesiones, amenazas y vejaciones cometidas en el ámbito de la escuela, han disminuido, según la Fiscalía Superior de Andalucía, que, no obstante, no da datos al respecto. Dice que su caída ha sido progresiva y que la mejor medida, la más eficaz, consiste en resolver los problemas en el mismo colegio. Se logra un éxito mayor si todo se arregla en el centro.

«Se ha podido constatar, según advierten las fiscalías –las andaluzas–, que la Consejería de Educación se ha involucrado en esta materia, de forma que la tendencia es solucionar el conflicto en el propio ámbito escolar, con la importante ventaja, primero, de ser el medio natural de la solución del problema, y, en segundo lugar, se evita la tendencia inicial de judicializar excesivamente algunas conductas de este tipo», indica la Fiscalía Superior de Andalucía en su memoria.

Cuando el conflicto –amenazas, lesiones y vejaciones en la escuela– pasa a conocimiento de la Fiscalía, por lo general, los acusadores públicos suelen dedicarse a valorar la gravedad del hecho y el posible daño que se está ocasionando a la víctima; después la premisa es, tras de determinar si las circunstancias del suceso lo permiten, la de remitir el conflicto al ámbito «de la solución extrajudicial».

La observación más generalizada en las distintas memorias de las fiscalías de Menores de Andalucía es «la de encontrarnos ante infracciones que obtienen una buena respuesta en el campo de la solución extrajudicial, tesis que se sigue manteniendo de manera generalizada» por las distintas oficinas fiscales.

En los supuestos en los que se sigue la vía del expediente de reforma, es decir, cuando la solución se aborda fuera del centro escolar, y gracias a una reforma legal, «se ha valorado de forma muy positiva que en los supuestos de simples faltas se puedan imponer medidas como tareas socio educativas, la libertad vigilada con alejamiento o sometimiento a programas específicos para el caso concreto», señala el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en su memoria.

En cuanto a las agresiones a profesores o el personal de los centros de reforma o de protección, las fiscalías andaluzas destacan el papel del Protocolo Marco de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el ministerio público para coordinar actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar. Así, se ha elaborado un protocolo específico para actuar ante agresiones a docentes o funcionarios de los distintos centros, «que está dando muy buenos resultados».

Los ministerios públicos de las ocho provincias andaluzas llaman, una vez más, la atención sobre la importancia que están adquiriendo en este ámbito redes sociales como Tuenti, Facebook o Twitter «como verdaderas plataformas para la comisión de hechos delictivos graves como amenazas o coacciones entre menores que se conocen dentro del círculo escolar. Así, la Fiscalía cordobesa, por ejemplo, pone de manifiesto que en estos foros «están registrados muchos menores de 15 años, aún estando prohibido».

En este orden de cosas, los acusadores públicos advierten entre los padres «una aceptación generalizada de que no hay peligro en estas formas de relación sin control», de tal forma que sí se ha detectado un uso de estos medios «para realizar conductas infractoras». Eso sí, el ministerio público andaluz señala que, «como consecuencia de la evolución de la técnica y de la formación de equipos especializados, cada día se denuncian e investigan más casos y se aclaran tales conductas delictivas».

Delitos, antes de los 14

En cuanto a las infracciones cometidas por menores de 14 años, que no tienen reproche penal, la Fiscalía asegura que la mayor parte de las infracciones no son graves. Pese a ello, por ejemplo en el caso de las agresiones sexuales, se explica a los padres de las víctimas que la conducta es reprochable y antijurídica. Así, hay 345 menores de 14 años que han delinquido en Málaga a lo largo del pasado ejercicio.

Algunas fiscalías como Sevilla, Almería o Córdoba se inclinan incluso por una rebaja de edad en materia de responsabilidad penal, sobre todo en los casos más graves, y otras, como la de Granada, aboga por extender el programa de Intervención Socio-Educativa de menores de 14 años a toda la región para detectar situaciones de riesgo social.