Ciberacoso, bullying, uso de redes sociales por menores de edad y el boom de la IA

Fundación Legálitas participó en la sesión sobre ciberacoso organizada por Legal Hackers, como parte de su compromiso con las personas que más lo necesitan.

Una sesión promovida con el objetivo de sensibilizar y formar a padres, educadores y menores sobre los peligros asociados al uso inadecuado de las redes sociales y el papel que juega la inteligencia artificial. Además de proporcionar herramientas y estrategias para prevenir y actuar ante situaciones de acoso en el entorno digital. 

Con la finalidad de contribuir a fomentar la reflexión y el diálogo, promoviendo un entorno digital más seguro y saludable para los menores, en la charla participó la delegada de Protección de Datos de Legálitas, Sara García Carrascosa, junto con el cibercooperante en INCIBE, Manuel Asenjo, CIO en ECIJA; Sara G. Antúnez, abogada especialista en ciberdelincuencia y presidenta de StopHaters; Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para Transición Digital; y Silvia García, Terapeuta Humanista. Sesión moderada por Isabel Iglesias, coorganizadora de Legal Hackers Madrid. 

Actualmente, el acceso a internet y el uso de redes sociales forman parte del día a día de niños y adolescentes. Sin embargo, este entorno digital, aunque ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje y socialización, también presenta grandes riesgos, como el ciberacoso y el bullying, que ya son un problema con una evolución estadística al alza. 

En España, 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso y un 7% este acoso lo ha sufrido a través del móvil. Se denomina ciberacoso a la agresión o el daño que se produce a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Acto que se ha visto agravado con la aparición de la Inteligencia Artificial. Este tipo de acoso es un elemento inhibidor del agresor, que se siente protegido por el anonimato, tiene una gran difusión y sitúa a la víctima en un plano de mayor indefensión.

Durante esta sesión, entre las propuestas, se reclamó en primer lugar la implantación obligatoria, auditada e independiente de sistemas de verificación de edad que protejan la privacidad, acompañada de sanciones disuasorias, así como un refuerzo normativo que contemple transparencia algorítmica y mecanismos de rendición de cuentas, incluso invirtiendo la carga de la prueba en daños causados por algoritmos. A ello se suman campañas masivas de sensibilización y herramientas de control parental accesibles. En segundo término, destacaron el reconocimiento de las adicciones digitales como cuestión de salud pública con financiación específica; una formación obligatoria y continuada para familias y docentes que incluya cibercivismo, educación afectivo-sexual y nociones legales; y la prohibición efectiva del smartphone en el aula, combinada con una digitalización con propósito que potencie competencias y uso pedagógico de la inteligencia artificial.

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